Una comisión que controla a los que controlan
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Fotografía de Javier Sadir
En Tucumán sobran los ejemplos de abusos de poder, corrupción y torturas por parte de las instituciones como la policía. Cientos de casos de gatillo fácil o tortura en cárceles y comisarias se acumulan en las secciones policiales de los diarios. Brutalidad y avasallamiento hacia los derechos de las personas, con la puesta en práctica de mecanismos de tortura física y psíquica, son posibles por la vigencia de leyes como la de Contravenciones Policiales. Con todo esto resulta inminente la reglamentación de la ley 8.523 que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura en la provincia.
“En lo que son mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, existen tratados y convenciones, entre ellas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”, explica Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Lo que hace operativa la convención son los protocolos facultativos. Estos determinan cómo van a funcionar los mecanismos de denuncia, control de la tortura, informe hacia el órgano de tratados, etcétera.
Por ello, el protocolo facultativo de la convención contra la tortura prevé la creación de un subcomité contra la tortura a nivel internacional. Además considera mecanismos nacionales y locales de prevención contra la tortura, a partir de comisiones de conformación mixta entre los poderes del Estado y la sociedad civil. Las funciones de esas comisiones tienen que ver con monitorear las condiciones de detención no solo en establecimientos penitenciarios, sino también en cualquier institución donde se encuentran personas privadas de su libertad. “La comisión tiene competencia amplia, incluso tiene la facultad de hacer visitas sorpresivas a esos establecimientos para ver cómo están funcionando”, explica Doz Costa.
En la pirámide jurídica argentina, los tratados internacionales de derechos humanos ocupan el mismo grado de importancia que las leyes constitucionales. Esto quiere decir que, dentro de las leyes de mayor jerarquía, nuestra sociedad debe exigir el contar con un órgano que controle los casos de tortura en todos los ámbitos. Un órgano especializado, descentralizado, independiente y autárquico que tenga plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
Según lo estipulado en la ley tucumana, la comisión contra la tortura tiene la facultad de recibir denuncias y de querellar a las víctimas. Cabe aclarar que cuenta con el beneficio de querellar sin gastos, lo que garantiza el acceso a la Justicia, sin implicar una inversión para el Estado. Además tiene facultades consultivas hacia los órganos del Estado que se ocupan del diseño de políticas públicas sobre el privado de libertad. “El foco principal es la prevención y sanción de la tortura y el trato cruel. A partir de esto se generan informes que pueden hacerse públicos”, dice Josefina en cuanto a la tarea que llevaría a cabo la comisión en la provincia.
Cuatro provincias de la Argentina cuentan con la comisión en funcionamiento: Chaco, Río Negro, Salta y Mendoza.
Tucumán espera por la comisión contra la tortura
Por como está planteada la ley, la composición de la comisión en Tucumán exige cinco miembros de la sociedad civil, cinco miembros del Estado y la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación como presidente. Este último cuenta con doble voto en caso de empate. “Es decir que hay un desequilibrio de hecho. Entonces nosotros sugerimos algunas cuestiones en términos de la reglamentación para equilibrar esa composición”, explica la Directora Ejecutiva de ANDHES.
A esto suma el hecho de que en la ley tucumana hay cuestiones que tienen que ver con el proceso de selección de miembros de sociedad civil que conformarán la comisión. “Los miembros de la sociedad civil se definirán mediante el estatuto de la propia comisión, lo cual significa que va a definirse un estatuto de esa comisión antes que se integre la sociedad civil”, explica Doz Costa, dejando en claro que es importante prestar atención en la reglamentación para evitar esta situación por la cual podría generarse un estatuto restrictivo y excluyente. “Tiene que haber un proceso público de selección de la sociedad civil, por parte de algún organismo independiente”, afirma Josefina Doz Costa.
La temática que trabaja la comisión es compleja puesto que remite a una responsabilidad que es del Estado. Dicho de otro modo, esta comisión viene a controlar las responsabilidades del Estado, porque todas las personas privadas de libertad están bajo responsabilidad del Estado. “Va tener una complejidad política en una serie de cuestiones como, por ejemplo, si los informes se hacen públicos o no”, explica la Directora de ANDHES y agrega que “es importante una estructura formalizada que sirva como núcleo operativo que permita motorizar las visitas, mientras que los miembros de la comisión, como órganos político, se encuentren sesionando cada tanto”.
Tucumán cuenta desde 2012 con la ley 8.523, la cual crea ese mecanismo local. La misma fue promulgada un tiempo después y hoy requiere de la definición de la reglamentación de la ley para que se haga operativa. Por su parte, el gobierno de la provincia de Tucumán se ha comprometido a definir la reglamentación en el corto plazo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos. De esta manera se institucionalizaría la comisión para que empiece a funcionar en la provincia. “Esto no va a ser de un día para el otro. Entendemos y conocemos que hay casos en otras provincias que han empezado a funcionar como un comité de emergencia, mientras se produce esta conformación final y definitiva, o se le asigna presupuesto”, dice Doz Costa y destaca que es fundamental el papel de los medios de comunicación, “es evidente que la cuestión no tiene que dejar de estar en la agenda de los medios”.
La comisión vendría a dar un marco de control a este tipo de prácticas, pero no por eso recaerán sobre ella las responsabilidades de los casos de tortura. Más bien, el órgano llegaría a sumar esfuerzos para modificar una realidad que se intenta ocultar, a brindar un sostén a las víctimas y a aportar soluciones concretas a un problema de fondo, que requiere de la reforma de toda la institución policial.