El juez que será juzgado
/
Fotografía de Bruno Cerimele | Agencia Infoto
Desde el 5 de agosto del año 2008 hasta la fecha son diez los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante en la provincia. Uno de ellos, el de la megacausa Villa Urquiza, todavía se encuentra en la etapa de declaraciones testimoniales. En todos y cada uno de estos diez juicios que versan sobre los secuestros, desapariciones y homicidios producidos durante la última dictadura militar, un nombre fue mencionado por familiares y sobrevivientes: Manlio Torcuato Martínez.
Que el ex juez federal había rechazado Hábeas Corpus, que colaboró en la desaparición de pruebas presentadas, que hizo oídos sordos a las denuncias de familiares y sobrevivientes, que fue cómplice brindando impunidad a represores entre 1976 y 1983. Muchas de estas acusaciones se conocieron en el marco de otros juicios, la mayoría de ellos se encuentran siendo investigados. El 29 de octubre es la fecha de inicio del debate oral y público contra este ex funcionario judicial por uno de los tantos hechos en los que se lo señala como responsable. Se trata de la causa contra Manlio Torcuato Martínez en la que se lo responsabiliza del homicidio de cinco personas y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano. Por estos hechos (el homicidio de los cinco militantes y el secuestro de Romano) ya fueron juzgados y condenados, en el año 2011, Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz en la causa conocida como Romero Niklison.
La sentencia de la causa Romero Niklison condenó a los dos imputados (Menéndez y Albornoz) a prisión perpetua. El tribunal consideró que quedó probado que el día 20 de mayo de 1976 fuerzas militares y policiales ingresaron al domicilio de la calle Azcuénaga al 1800 y ejecutaron a los cinco militantes que allí se encontraban. En esa casa vivían María Alejandra Niklison, Gerardo Romero y la hija de la pareja de un año y medio de edad. Ese 20 de mayo María Alejandra estaba reunida con Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz cuando las fuerzas armadas irrumpieron en el domicilio. Según indica la sentencia, los cinco militantes fueron fusilados y Miguel Atilio Romano (propietario del domicilio) fue detenido de manera ilegal.
Este 29 de octubre empezará a juzgarse la responsabilidad en esos hechos del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez. “Él viene a esta causa porque no investigó a los responsables de los asesinatos de la calle Azcuénaga y porque sometió a proceso a una persona, que era el dueño de esa casa, y lo privó ilegítimamente de la libertad”, sostuvo el fiscal Pablo Camuña refiriéndose a la imputación de Martínez. “Y además porque lo que estaba haciendo era cumplir la promesa de impunidad que les había hecho a los ejecutores. Cuando los van a matar a ellos, los ejecutores de ese hecho sabían que no iban a ser perseguidos”, agregó el fiscal.
Martínez está imputado de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en carácter de partícipe, en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano. Finalmente, se le imputa haber sido miembro de una asociación ilícita.
El tribunal estará presidido por María Alicia Noli (Jueza de Cámara) y se completará con los doctores Hugo Norberto Cataldi y José Fabián Asís (Jueces de Cámara subrogantes). El Ministerio Público Fiscal estará representado por el Fiscal General Subrogante Leopoldo Peralta Palma y Fiscal ad hoc Pablo Camuña. Como representantes de la querellas actuarán: por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por María Delina Romano y Silvia Patricia Romano, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo; como representante de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano, los doctores Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison. Por su parte el Ministerio Público de la Defensa estará integrado por los Defensores ad hoc Adolfo Edgardo Bertini y Vanessa Lucero.
La primera audiencia está prevista para este miércoles 29 a las 9.30 y se espera la declaración testimonial de más de 60 personas. Esta es la primera vez que en la provincia se juzga a un miembro del Poder Judicial Federal por haber sido partícipe, desde sus funciones, de los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. En este punto radica quizás la mayor importancia de este proceso judicial en el que, una vez más, se buscará comprobar que la dictadura militar contó con la participación de importantes sectores de la sociedad civil. Que sin su participación y su actuación no hubiera sido posible ni la dimensión de la atrocidad ni la perduración en el tiempo de tanta impunidad.