El exjuez que está siendo juzgado

Fotografía: Agencia Infoto

Proceso de reorganización nacional. Golpe de Estado. Dictadura militar. Dictadura cívico-militar. La manera de denominar al periodo que se vivió en Argentina entre los años 1976 y 1983 tiene sus ribetes. Proceso de reorganización nacional fue como se autoproclamaron las Fuerzas Armadas cuando tomaron por la fuerza el control del gobierno del país. Un nombre que no era más que un eufemismo para un golpe de Estado, el último de una seguidilla de golpes, pero el más cruento, el más sangriento, el que dejó evidenciado que cuando se habla de terrorismo de Estado no hay manera de dimensionar el horror.

Dictadura militar es la manera más acortada de denominarla. Con los años transcurridos, casi cuarenta desde que se perpetrara el golpe de Estado, fue quedando claro que esa dictadura no hubiera sido posible sin la presencia del sector civil. A medida que se fue desmarañando la presencia, la responsabilidad, la complicidad y los beneficios que ese sector civil tuvo, quedó claro que ya no se podía hablar de dictadura militar y se empezó a reconocer que lo que aquí existió fue una dictadura cívico-militar.

Uno de los representantes del sector civil con mayor responsabilidad en los delitos cometidos durante la última dictadura militar es el Poder Judicial. Pero también es uno de los más difícil de acceder a la hora de ser juzgados, porque los beneficios, las relaciones de poder, la convivencia de presiones y agradecimientos mutuos hacen que la impunidad se extienda a pesar de los años. Es por esto que el hecho que hoy se esté sustanciando el primer juicio de la provincia contra un exjuez por sus responsabilidades como funcionario judicial en delitos de lesa humanidad se convierte en un hecho histórico de una trascendencia innegable.

Manlio Torcuato Martínez es un nombre que se escuchó decenas de veces en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Tucumán. Los testimonios sostuvieron una y otra vez que el exmagistrado no solamente tenía conocimientos de las torturas y ‘cajoneaba’ hábeas corpus, sino que también despreciaba a los detenidos cuyas causas no se esforzaba demasiado en investigar. Quizás el testimonio más duro fue escuchado en el debate oral y público por la causa conocida como 'Villa Urquiza', cuando una mujer que había sido sometida a recurrentes violaciones contó que al hablar con el exjuez este le dijo con frialdad: “Hijita, no se queje. Si es subversiva, banqueselá”.

Primera semana de audiencia

Fotografía: Agencia Infoto

Con un traje claro y de anteojos, Manlio Martínez llegó a la sala de audiencias el jueves pasado. La audiencia prevista para las 9.30 empezó con retrasos por la demora de los jueces que viajaban desde la provincia de Córdoba. Un inicio que debió ser postergado desde octubre del año pasado porque los abogados defensores recusaron a la jueza Alicia Noli, que presidía el tribunal que lo juzgaría entonces. Hoy, Manlio debe someterse a otro tribunal compuesto por Norberto Cataldi, José Fabián Asís y Mario Eugenio Garzón. Serán ellos quienes al final de este proceso que se prevé se extienda por poco más de un mes, resuelvan si se han producido o no las pruebas suficientes para determinar su responsabilidad por los delitos que se le imputan.

Martínez llega ante este tribunal imputado en una causa que, de alguna manera, es un apéndice de la que se juzgara en el año 2011 y que se conociera como Romero Niklison. La sentencia por esta primera parte ya quedó firme por lo que Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz cumplen la condena de prisión perpetua. En aquella ocasión, otro tribunal consideró que había quedado probado la responsabilidad de esos imputados en el hecho que ocurriese en la casa de calle Azcuénaga al 1800 el 20 de mayo de 1976.

La vivienda en cuestión era propiedad de Miguel Atilio Romano y fue alquilada al matrimonio compuesto por María Alejandra Niklison y Gerardo Romero. La pareja vivía en ese domicilio junto a su hija de un año y medio de edad. Según indica la sentencia, ese 20 de mayo se encontraban reunidos en la casa María Alejandra con Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz cuando las fuerzas armadas irrumpieron y ejecutaron a los cinco militantes mencionados. Según se leyó en el requerimiento a elevación a juicio de la causa contra Manlio Torcuato Martínez, el mismo exjuez federal admitió haber estado presente en el lugar en que fueran ultimados los cinco militantes de la agrupación montoneros. Días más tarde fue privado de su libertad, de forma ilegal, el propietario de la vivienda, Miguel Romano. De acuerdo señala la acusación fiscal, el exjuez nunca realizó la investigación por las cinco muertes pero sí inició el trámite para probar la responsabilidad penal de Miguel Armando Romano haciendo caso omiso de su privación ilegítima de la libertad y de las torturas a las que fuera sometido.

En esta primera audiencia quedó claro que se trataba de un juicio sumamente particular. Los mismos abogados defensores, Manuel Bonnín y Vanessa Lucero, señalaron, al momento del tratamiento de las cuestiones preliminares, que es así porque “tiene tres jueces inhibidos, dos jueces recusados, y dos secretarios inhibidos”. Pero una de las particularidades más destacables es, quizás, que la niña de un año y medio, hija de aquel matrimonio de militantes, es la abogada querellante que representa su propia querella y la de Gerardo Romero y Lucía Romano. Representación que lleva adelante junto a Emilio Guagnini, otro abogado que sabe de la búsqueda de un padre desaparecido y de la justicia después de decenas de años.

“Siempre hablamos de los testigos víctimas y la revictimización, esta vez soy yo la que lo vive en carne propia y puedo entender lo que se siente cuando uno tiene que volver a pasar por la narración de esas cosas tan dolorosas”, dijo María Alejandra Romero Niklison cuando adhirió al pedido de la fiscalía para que los testigos que ya declararon en causas anteriores no sean nuevamente llamados a dar su testimonio. En estos casos, solicita la parte acusadora, se deberían reproducir los registros audiovisuales y evitar que los testigos tengan que pasar por la situación traumática de contar y recordar, una vez más, experiencias tan desgarradoras.

Los testimonios empezaron a brindarse el viernes pasado. Este viernes 20 se tiene previsto que, en una nueva audiencia, no solo se reconstruya lo sucedido hace casi 39 años atrás, sino que también se empiece a demostrar, con este imputado, el rol que jugó la Justicia en el desarrollo y la impunidad del terrorismo de Estado.