"En las cárceles no hay obligación de trabajar: hay derecho a trabajar"

Fotografía de Elías Cura Cruz

“¿Cómo es posible que el tipo que mató, violó y robó no solo no trabaje en la cárcel sino que le paguemos un sueldo?”, pregunta el spot de un candidato a gobernador en Tucumán. Luego patrocina: “en el gobierno de Fuerza Republicana, preso que no trabaja, preso que no come”. La contundente voz es la del del concejal Ricardo Bussi, ferviente defensor del terrorismo de Estado e hijo de Antonio Bussi, quien fue condenado en 2008 por delitos de lesa humanidad y genocidio.

El video muestra imágenes de la cárcel de Villa Urquiza y de algunos detenidos. Ricardo Bussi declara con tono premonitorio: “vamos a construir una gran cárcel para albergar 10 mil delincuentes que hoy azotan a Tucumán”. Y así, como si el condenado a muerte fuera obligado a cavar su propia tumba, anuncia que la construirán los mismos presos.

Al parecer ni el concejal ni nadie del equipo de Fuerza Republicana fueron al penal de Villa Urquiza, pues debieron emplear fotografías y videos que no les pertenecían para editar el spot. Algunas imágenes son del fotógrafo documentalista Pablo Toranzo, quien luego de ganarse la confianza de los detenidos durante los 8 meses que asistió al Penal de Villa Urquiza (desde octubre del 2014 hasta mayo del 2015) expuso las situaciones de miseria y carencias del lugar. Otras forman parte del documental de la organización no gubernamental Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa (Cdesco), que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad y exige el fin de las torturas en los lugares de encierro. Por esta razón, el 16 de mayo se realizó una denuncia penal contra Ricardo Bussi por apología del delito y el uso indebido de imágenes. La denuncia está firmada por Fernando Korstanje y Ana María Atienza, representantes de Cdesco, y por el abogado Carlos Garmendia. “Nuestra meta es que se retire ese video. Sobre todo ese discurso”, remarca Korstanje.

Además de haber utilizado estas imágenes en un video que transmite un mensaje de odio, Bussi ubica el papel coaccionador del Estado en el centro, como única vía de solución a una problemática social. “Aprovecha electoralmente una situación de insatisfacción de la sociedad respecto de la inseguridad y propone métodos ilegales para que lo voten -explica Korstanje-. Un hijo de un genocida no es un genocida. Pero este  sujeto, por sus propios méritos, hace apología del delito y propone la tortura. ¿Por qué tiene lugar este tipo de propuestas? Porque hay una persona y un partido herederos del terrorismo de Estado que la sostienen”.

Aunque Bussi es abogado suprime deliberadamente en su discurso las leyes argentinas, en especial la 24.660, que dispone que el trabajo es un derecho de las personas en contexto de encierro, que debe contribuir a su formación positiva y que no puede ser impuesto como castigo. La norma establece además que es un ejercicio que debe ser remunerado. “El trabajo es un derecho que reclaman los presos porque no hay suficientes puestos de trabajo en la cárcel. Pero hacerlo forzadamente es esclavitud. No hay obligación de trabajar, hay derecho a trabajar”, señala Korstanje.

Los presos como sujetos de derecho

Más allá del desatino de Bussi, la cuestión laboral en los contextos de encierro es crítica. Relacionarse con las cárceles sólo a través de lo que algunos medios construyen de ellas puede llevar a pensar que cualquier persona detenida recibe un sueldo por estar en ese contexto. Sin embargo, a partir de lo que establece la ley 24.660, solamente los internos que realizan trabajos para el Estado o para empresas privadas perciben una remuneración, que les es entregada cuando reciben la libertad. Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), divulgados en 2017, en Tucumán el 46% de las personas en contexto de encierro poseen trabajo remunerado.

El artículo 120 de esa misma ley establece que en los casos de los internos que trabajen para el Estado, el salario no podrá ser menor a las tres cuartas partes del mínimo vital móvil. Cuando el trabajo se realice para una empresa privada o mixta deberán recibir una remuneración igual a la de cualquier trabajador. Esa paga no llegará completamente a la persona en contexto de encierro, sino que se distribuirá: 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; 35 % para la prestación de alimentos; 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento y 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

En la mayoría de los casos, los internos son el sostén económico de sus familias, por lo que prefieren que el dinero les sea entregado a las mismas en lugar de conservarlos en un fondo. En este sentido, Korstanje indica: “es una explotación porque no cobran lo mismo que se cobra afuera. Encima que no hay trabajo para todos, no pueden elegir el trabajo que quieren, y la paga es miserable”.

Según el referente de Cdesco, el sistema carcelario como espacio de rehabilitación ha demostrado ser ineficiente pues la implementación del castigo está acompañada de la marginalización y la falta de estímulo en la socialización de los internos. Además, el sistema carcelario se compone de rutinas que poco tienen de formación preparatoria para la vida fuera del encierro, ya que se basan en normas que apuestan a la sumisión y no a la gestión autónoma de las actividades. Legalmente el único derecho que se debe restringir a los condenados es el de la libertad ambulatoria. Pero, como expresa Korstanje, en las cárceles se vulneran casi todos los derechos humanos.

Además, quienes ingresan en los penales vienen de otro tipos de carencias relacionadas estrechamente con la pobreza. Según el último informe anual del Sneep sobre Tucumán, el 61% de la población carcelaria tiene, al momento de ingresar, solo estudios primarios o inferiores, y el 10% no tiene ninguno. Por otro lado, el 62% no tiene oficio ni profesión. Algo destacable también es que hay más procesados (52%)  que condenados (48%), es decir que más de la mitad son presuntos inocentes hasta que se compruebe lo contrario.

Crear más cárceles no reduce el problema de la inseguridad. Una de las vías posibles para reducir la violencia es disminuir la desigualdad social: es lo que ha dado resultados en países como Suecia o Dinamarca, donde  la tasa de encarcelamientos es 3 veces menor a la de Argentina.

“¿Cómo es posible que el tipo que mató, violó y robó no solo no trabaje en la cárcel sino que le paguemos un sueldo?”, se pregunta Bussi en su spot y ofrece una alternativa ilegal. “¿Con qué naturalidad aceptamos propuestas cavernícolas?”, se pregunta Korstanje y sugiere al concejal leer la Constitución Nacional que reza: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice.”