Juicio sedición policial: la palabra de cuatro imputados
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Foto de Alejandro Sarmiento | La Palta
La semana pasada -entre lunes y jueves- se realizaron las primeras audiencias en el juicio por el acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013. Durante las cuatro primeras jornadas solo declararon cuatro de los 42 imputados -los restantes decidieron no hacer uso de ese derecho- y se espera que los primeros testigos hablen a partir de la audiencia de mañana.
El primer imputado en hablar fue Jorge Racedo, ex jefe de Policía, a quien se lo responsabiliza de no haber tomado las medidas pertinentes para frenar la sedición. El único acusado de alto rango habló de su inocencia durante la declaración que se extendió entre martes y miércoles. A raíz de las declaraciones del exjefe de Policía, se espera que este martes se cite como primeros testigos a los funcionarios del área de Seguridad para analizar la responsabilidad política en los hechos que se juzgan.
Se dice testigo
“Quiero demostrar que aquí debería haber estado como testigo y no como acusado”, dijo Racedo antes de empezar su pormenorizado relato en el que narró cronológicamente los hechos ocurridos. No dudó en señalar a Diego Herrera, Sergio Hogas y el por entonces comisario Ángel Toledo -fallecido-, como los cabecillas de la revuelta. Recordó que estaban sancionados por un episodio similar ocurrido en 2011 en el que sus principales reclamos eran que se los reintegrara a la fuerza policial (estaban cesanteados por el hecho anterior) y que se cerraran las causas contra ellos de manera favorable.
“Quiero demostrar que aquí debería haber estado como testigo y no como acusado”
Racedo dio detalles de sus conversaciones con el ex gobernador José Alperovich. Contó que lo mandó a hablar con el exministro de Seguridad Jorge Gassenbauer. Aseguró que intentó que las máximas autoridades se presentaran en el lugar donde se encontraban los sediciosos con el fin de persuadirlos para que depusieran su actitud pero que no lo escucharon. Tampoco habrían atendido su advertencia de la necesidad de convocar a las fuerzas federales. “El ex fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa me dijo que se encargaría de hacerlo, pero no sé qué pasó”, sostuvo.
Una de las decisiones que el ex jefe de Policía no tomó es la de implementar un retén para evitar lo que finalmente ocurrió: los saqueos y desmanes ante el acuartelamiento policial. Aunque Racedo afirma haberlo ordenado de forma oral, no existe ninguna constancia que dé cuenta de esto.
Foto de Alejandro Sarmiento | La Palta
Se declaran inocentes
Los otros imputados que decidieron ampliar sus declaraciones fueron: Eugenio Alejandro Mamaní -acusado de ser uno de los cabecillas y que se encuentra con retiro obligatorio desde el 2015-, Eduardo Augusto Rodríguez -que se encuentra en actividad y presta servicio en la patrulla motorizada- y Walter Adrián García.
"Quiero negar todo de lo que se me acusa. Quiero decir que jamás formé parte de ninguna reunión. No conozco a ninguna de las personas que están conmigo en la causa”, dijo Mamaní, y señaló de toda responsabilidad al jefe de comisaría 5.ª “Estuve todo el día siendo chófer de móvil hasta el 12, que era mi guardia normal, y me informan que el jefe Lescano, una mala persona, puso en el informe que yo falté al trabajo el 9 y que estaba sancionado.”
Por su parte, Eduardo Rodríguez dijo que no recordaba si había trabajado aquel domingo 8 de diciembre pero que el lunes lo había hecho con total normalidad. Finalmente, el último imputado que decidió hablar, Walter García, además de sostener su inocencia, explicó que desde su ingreso en 2005 tiene un comportamiento intachable. “Yo siempre he trabajado bien, he dado lo mejor de mí para la sociedad”, dijo. Relató que tuvo un problema “muy particular” con el oficial Carlos Romano. “Hasta el día de hoy no comprendo por qué llegué hasta aquí. Me trajo hasta aquí por algo personal que he tenido con él. Él me pone en la escena del hecho, me puso que yo estuve ese día 9 en la sub jefatura. Él me nombra, por eso me trae aquí".
Los hechos que sostienen la acusación
El 8 de diciembre de 2013, a partir de las 20, efectivos de la Policía de Tucumán se acuartelaron y empezaron una huelga. Según el requerimiento de elevación a juicio, los imputados se organizaron en grupos, ocuparon la Subjefatura de Policía y cortaron el tránsito con vehículos particulares. A estas acciones se sumó el impedimento del ingreso y egreso de personal y de los vehículos del Sistema 911. Con todo ello, la ciudad quedó con varias zonas liberadas.
Al día siguiente, señala el documento elaborado por la Fiscalía, los efectivos ingresaron sin autorización y armados al predio de la Subjefatura. Obligaron a los otros oficiales que se encontraban en el lugar a plegarse al reclamo. “Los imputados quisieron o mínimamente se representaron y consintieron como probable, que dicha situación originaría indefectiblemente la producción de múltiples delitos por terceras personas que en forma indiscriminada y en cadena aprovecharon la situación acontecida”, dice el requerimiento.
Los saqueos a los comercios organizados en diferentes puntos de la ciudad dejaron un saldo de más de una decena de muertos y cientos de heridos. Al respecto, desde la acusación no tienen dudas que los acusados de sedición son responsables conscientes de este escenario. “La prueba concreta del desinterés de los acusados se evidencia de sus propias manifestaciones cuando, interrogados sobre el saqueo generalizado en la provincia, muchos coincidieron en un inicial silencio desde el ejecutivo Provincial y un ofrecimiento ‘que no les cerraba’, continuando en su actitud, demostrando acabadamente su desprecio total a la paz social”
