Cueva del Inca resiste
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Fotografía cortesía de Silvia Durán
La situación de injusticia y hostigamiento no es solo una realidad de las comunidades indígenas de Tucumán. En Jujuy, en el departamento de Tilcara, la comunidad Cueva del Inca lucha para sus derechos sean reconocidos y puedan vivir en paz en su territorio.
La semana pasada decidieron decir basta y cortaron la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Tilcara, para denunciar distintas situaciones como la venta ilegal de tierras por parte de una familia terrateniente en complicidad con las autoridades municipales; el abuso de autoridad por parte de la policía; y que la empresa de electricidad EJESA cumpla con la instalación del servicio en la zona.
Silvia Durán, una integrante de la comunidad, contó que hace tres semanas se encontraron con la sorpresa de que personas ajenas comenzaron a construir viviendas en el territorio comunitario. Al ver esta situación, los comuneros se acercaron a las personas para saber qué era lo que estaba sucediendo. Allí se encontraron con Cristian Rivas, quien explicó que él y 16 familias más habrían comprado esos terrenos al intendente de Tilcara, Félix Pérez, y a Mario Mendoza, quien dice ser propietario de las tierras.
“Esto fue el colmo, dijimos ¿qué tenemos que hacer?, y pensamos en una denuncia pública para que sepan en la provincia y la nación lo que está pasando”, explicó Silvia. El resultado y la única alternativa que se planteó en asamblea fue salir a cortar la ruta hasta que sean escuchados. En el corte se presentó Félix Pérez, a quien le hicieron escuchar la declaración de Rivas sobre la venta de los terrenos. El jefe municipal negó su participación y amenazó con denunciar a esta persona.
“Este es solo un capítulo de la lucha que mantenemos hace años y que esperamos que algún día finalice a nuestro favor.”
Las injusticias por parte del poder político local no son recientes. Lejos de buscar el bienestar de la comunidad, luego de ser declarado municipio indígena, plantea distintos obstáculos ante los pedidos del pueblo Cueva del Inca, según denunció Silvia. “Vamos de pedir unos papeles para que nos instalen la luz y no nos querían dar. Es un simple papel de administración, certificado de para las obras electricidad. Entonces, nos tenían dando vueltas, mientras que a otras personas en un día se lo daban”. Los papeles que se solicitaron al municipio de Tilcara eran fundamentales para que, de una vez por todas, la comunidad pueda acceder al servicio de electricidad en sus casas. A pesar de haber cumplido con los requisitos y abonar el costo de la instalación, la empresa EJESA no realizó los trabajos. Según explicó Durán, se escudan bajo una medida cautelar del juez Sebastián Cabana, del poder judicial de Jujuy.
Dentro del amplio panorama de injusticia, la participación de la familia Mendoza y la complicidad con la policía de la seccional 14 son fundamentales, explicó Silvia Durán, y los integrantes de la comunidad no pueden vivir tranquilos. En reiteradas oportunidades recibieron hostigamientos de su parte, como pasó el pasado 26 de diciembre. Miembros de esta familia habrían golpeado a uno de los comuneros mientras construía su casa. También se suman los constantes intentos de desalojo ilegales. “Una vez, esta familia fue con una patota. Nosotros estábamos en nuestras casas, y nos querían sacar de ahí a la fuerza. Llegaron con armas blancas, bidones de gasoil, palos y todo. Nos destrozaron todo, lastimaron a nuestros hermanos. Nos defendimos como pudimos, pero nos quemaron todo, pero cuando llega la policía no hace nada contra ellos, a nosotros enseguida nos suben a móviles y nos llevan”, agregó Durán.
Los Cueva del Inca cuentan con la personería jurídica y su carpeta técnica en el marco de la ley 26.160. A pesar de tener el reconocimiento de la Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no consiguen que la justicia actúe como corresponde y haga valer todos sus derechos. Gracias al corte de la ruta nacional lograron que el juez Sebastián Cabana levante la medida cautelar, para que la empresa de electricidad comience a instalar el servicio. También avanzaron en la denuncia contra el intendente y conversaron con el ministro de Seguridad para que el personal de la seccional 14 reciba capacitaciones sobre los derechos indígenas. Ahora, las expectativas están puestas en que se cumpla lo acordado. Como destacó Silvia, “este es solo un capítulo de la lucha que mantenemos hace años y que esperamos que algún día finalice a nuestro favor. No vamos dejar que nadie venga y quiera comprar nuestras tierras, nosotros nos dividimos el territorio en familia, de acuerdo estatuto que es nuestra guía. Somos un pueblo muy independiente”.