Cuando el barrio los necesita el Estado los echa

Fotografía de Ignacio López Isasmendi

Los psicólogos y trabajadores sociales de la Secretaría de Estado de Prevención de las Adicciones realizan trabajos de contención y acompañamiento a jóvenes que cayeron en la adicción a la pasta base de cocaína, la droga que avanza sin escollos en los barrios carenciados de Tucumán. Ayer, junto a organizaciones gremiales y sociales, marcharon porque 30 de ellos fueron cesanteados dejando a los jóvenes adictos otra vez sin apoyo estatal. “Son 15 técnicos que no renovaron contrato a principios de septiembre y se suman a otros 7 que fueron desafectados de la secretaría en julio, más 8 que forman parte de los equipos terapéuticos de los barrios Costanera Norte y Los Vázquez y están trabajando gratis desde hace 10 meses porque no quisieron cortar los tratamientos terapéuticos a los chicos”, contó el psicólogo Emilio Mustafá, quien oficia de vocero de los trabajadores en conflicto.

Acompañados por representantes de organizaciones gremiales y sociales y de los familiares de los chicos a los que asisten y que se nuclean en la organización barrial La Hermandad de los Barrios, los trabajadores cesanteados marcharon a plaza Independencia anunciando sus reclamos a la población que rondaba los bares del centro de la ciudad. “La precarización laboral no se aguanta más, no podemos tener compañeros que son recursos humanos calificados para trabajar en esta temática; por eso le pedimos al ministro que reflexione. El enemigo no somos los trabajadores, el enemigo son los narcotraficantes; nosotros queremos trabajar dignamente, queremos sacar adelante al ministerio, pero para eso tiene que haber presupuesto, una política estratégica que sea independiente de los gobiernos de turno, una política que se piense a 10 años. Estamos en estado de emergencia social, tenemos que evitar la catástrofe social. Los narcos se están apoderando de muchos barrios, y eso lo ve todo el mundo, todo el mundo sabe dónde se vende la droga menos los funcionarios”, continuó Mustafá.

Fotografía de Ignacio López Isasmendi

Sucede que la problemática con el paco empeora cada año, las políticas públicas son escasas o nulas y, con el deterioro de las condiciones sociales y económicas que arrastran a los sectores humildes a la marginalidad, la epidemia crece acompañada por la connivencia de sectores de las fuerzas de seguridad que sólo se acercan a los puntos de venta de pasta base para retirar la parte que les corresponde por mirar para otro lado, según denuncian los integrantes de La Hermandad de los Barrios, las Madres del Pañuelo Negro y los propios trabajadores cesanteados. “Queremos que se llame al diálogo y queremos medidas concretas. No sólo volver a un contrato de tres meses, sin cobertura social, sino que haya condiciones dignas de trabajo, pero también presupuesto para el abordaje de las adicciones, porque lamentablemente en este último año creció mucho el consumo de paco y bajó la edad de inicio del consumo desde los 15 a los 10 años. No se entiende por qué desde el poder ejecutivo no se aumenta el presupuesto a la Secretaría de Adicciones teniendo una herramienta como la Ley de Emergencia, Seguridad y Adicciones que teóricamente lo habilita”, explicó el psicólogo que realiza su práctica de campo en Los Vázquez.

Fotografía de Ignacio López Isasmendi

Como dejan claro los trabajadores de la Secretaría de Prevención de las Adicciones, el reclamo no es solamente gremial ni se circunscribe a la recontratación de los profesionales. Se trata de planificar políticas y poner al Estado a combatir uno de los flagelos sociales más escandalosos que hoy asolan a las poblaciones vulnerables de la provincia. La Costanera, Juan XXIII, Los Vázquez ven cómo se vende la pasta base en la puerta de las escuelas primarias, ven a niñas prostituirse desde los 11 años para conseguir una dosis de droga, ven a jóvenes perder los dientes y caminar como zombies, los ven saquear sus propias casas para vender los muebles y electrodomésticos a un costo exiguo pero que les alcanza para comprar el veneno que los termina conduciendo al suicidio, según relatan los militantes de La Hermandad.

Con los profesionales cesanteados se pierde mucho más que 30 fuentes de trabajo. “Lo que se está perdiendo en los barrios es el proceso de contención y acompañamiento de los jóvenes adictos. Crear ese vínculo de contención clínico es muy difícil, si los trabajadores dejamos de ir un mes perdemos el trabajo de un año. En los barrios los fines de semana se regala droga, por eso hay que cuidar la salud de los chicos y del barrio en general”, finalizó Mustafá.