"Nosotros somos los usurpados, no los usurpadores": resistir el despojo
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En el Valle de Choromoro, al norte de Tucumán, el tiempo parece repetirse como una condena. Esta vez, la Justicia le ordenó a Irene Mamaní abandonar el territorio que habita ancestralmente. Siete días le dieron para sacar de allí sus cosas, sus animales, su vida y una historia de 180 años. “Imagínese, 180 años viviendo una familia ahí en el territorio y te den siete días para salir. Es algo ilógico”, dice Pedro Chávez, cacique de la comunidad Indio Colalao, con la impotencia que le sale por los poros.
La familia Mamaní, una de las que conforman la comunidad Indio Colalao que pertenece a la Unión Diaguita, fue debidamente censada y el territorio que ocupan fue relevado de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.160. “Tenemos la carpeta catastral que así lo demuestra”, dice Pedro en reiteradas oportunidades. La presentaron como prueba en el juicio contra nueve comuneros que se realizó en febrero de este año y cuya sentencia dejó un sabor amargo. La esgrimen cada vez que la Justicia o el Estado parece olvidar que alguna vez reconoció a su comunidad como preexistente y titular ancestral de esas tierras.
En abril, la jueza Valeria Mibelli ordenó una medida cautelar de restitución provisoria, lo que implica que la familia debe entregar el lugar a Astrid Orbich quien se presentó como propietaria de las tierras que habitan los Mamaní. “Desconocen los tratados internacionales, las disposiciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, dice el cacique e insiste en que todo es ilógico. “Nosotros tenemos la carpeta territorial que nos dio el mismo Estado argentino, ¿cuál es la situación de la provincia con los pueblos originarios?”, se pregunta.
Esta historia no comienza en abril de este año. “La causa empezó contra Irene Mamaní y otros. O sea, había otras personas que estaban dentro, que eran de la misma familia y estábamos como comunidad. Ahora, a menos de un año, ya no somos parte”, señala Chávez. La denuncia original fue presentada en 2021 por el padre de Astrid, fallecido poco después. En 2023, la mujer decidió reclamar la titularidad de las tierras pero, esta vez, apuntando a una sola persona y desconociendo la existencia de las demás familias y la pertenencia a la comunidad. “Esa mujer nunca ha vivido ahí”, asegura el cacique. “Y lo que llama la atención es que el abogado que la representa es también abogado de la comuna. ¿A quién defiende el Estado?”, dice con desconfianza, sin entender que alguien que trabaje para el gobierno comunal represente, a su vez, los intereses de un privado.
“Yo quisiera pedirle a las autoridades que por favor sepan que nosotros, a pesar de que somos indígenas, que somos indios, somos seres humanos y me gustaría que nos traten como tal: como seres humanos”, dice Marina Mamaní, hermana de Irene, la comunera desalojada. Una mezcla de dolor, impotencia y bronca se siente en cada una de las palabras mientras cuenta lo que le pasó a su hermana: “Fue acusada de violenta, de asesina, de usurpadora, de ladrona. Hoy esa es la forma en que alguien que te quiere desalojar actúa. Te cargan causas hasta que quede la de usurpación, la única que les sirve”.
Lo que describe la comunera, quien además integra el Consejo de la comunidad, tiene como base las reiteradas causas abiertas contra las comunidades: los denuncian por intento de homicidio, agresiones, hurto, usurpación. Finalmente, lo que suele suceder es que las causas caen por falta de mérito y la única que prospera es la de usurpación. Con ello se abre una serie de medidas judiciales que perjudican a las comunidades y que terminan priorizando la propiedad privada sobre la comunitaria. La medida judicial dictada por la jueza Mibelli llegó acompañada de una cuenta regresiva imposible: siete días para abandonar no solo una casa, sino un modo de vida, un legado, una pertenencia. Tuvieron que vender sus animales a precio vil. “Vendimos las vaquitas a mil pesos el kilo de carne. ¿Qué hacemos con eso? Ahora las vacas están en el río. ¿Cómo sostenemos las vacas?, ¿cómo sostenemos nuestras vidas?”, lamenta Marina,
A pesar de que (o quizás porque) cuentan con personería jurídica, carpeta catastral y reconocimiento estatal, la comunidad fue excluida del proceso judicial. “Además de tener esos documentos, nosotros tenemos una cédula real en conjunto con Tolombón que reconoce a nuestro pueblo como preexistente al Estado argentino”, afirma el cacique.
Y aunque la palabra “usurpador” aparece en los expedientes, en las declaraciones de quienes quieren apropiarse de las tierras, la comunidad no duda en responder. “Nos dicen que no somos indios. Somos indios. Y somos milenarios”, dice Chávez. “¿Cómo vamos a ser usurpadores si hace 180 años que vivimos ahí? Nosotros no somos los usurpadores, somos los usurpados”, remata Mamaní.
La historia de Irene es la historia de muchas. Como tantas otras veces, las decisiones judiciales se toman sin escuchar a quienes viven, trabajan y cuidan la tierra desde generaciones. “Ninguna autoridad se ha acercado a preguntar qué necesitamos. Han desalojado totalmente a mi hermana. Ella siente que no tiene más salida, que quiere ponerse un lazo en el cuello y ahorcarse”, dice Marina, con la voz quebrada. La comunidad Indio Colalao resiste con sus cuerpos, su historia y sus documentos. Seis meses tiene la justicia para resolver si la causa se eleva a juicio o si se desestima y se vuelve atrás con la medida judicial. Mientras tanto Irene tuvo que dejar su casa, vender sus animales y ubicar los que quedaron donde pudo. La familia Mamaní, como todas las que integran la comunidad, resiste y lo seguirá haciendo porque lo que está en juego no es una hectárea más o una menos. Lo que está en juego es el derecho a existir como pueblo.
