12 de Octubre: el Tercer Malón, el respeto y la diversidad
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Foto de Elías Cura | La Palta
531 años de la colonización. 40 años de democracia. “Llevamos tres meses desde que hemos salido de la casa, hemos dejado familia, trabajo, nuestros animales, nuestras chacras, todo hemos dejado”, dice Salustriana, una de las mujeres que el 25 de julio salió de Jujuy junto al Malón de la paz camino a la capital federal. “No nos vamos a mover de aquí hasta que se intervenga la provincia y se cumpla la Constitución”, dice José Pablo Rosado, que lleva más de veinte días encadenado frente al Congreso de la Nación.
José también es parte de esa delegación compuesta por comunidades originarias que resiste. “A mí me metieron dos contravenciones y tengo que andar como prófugo de la ley, porque si vuelvo a Jujuy, me meten preso”, denuncia el hombre. Y él, y Salustriana, y todas esas personas con la piel curtida por el sol que piden ser escuchadas, dan detalles de cómo fueron tratadas desde que llegaron a Buenos Aires. Que les cortaron el agua, que les cortaron hasta el alumbrado público, que les impedían instalar baños químicos.
El Tercer Malón por la paz inició su recorrido después de que el Gobierno jujeño aprobara la reforma constitucional y de las brutales represiones que ordenó el gobernador Gerardo Morales. Desde que llegaron, buscan soluciones de fondo, no solamente para las comunidades que lo integran, sino también para prevenir el avance de los atropellos en otras provincias. “A los hermanos de las otras provincias les pedimos que se sumen a la lucha porque vienen por todos, hoy es Jujuy. Pero siguen avanzando, ya están en Catamarca, en La Rioja, en Mendoza y van a seguir por las otras provincias porque ellos quieren sacarnos la riqueza de nuestra tierra”, remarca Salustriana.
Foto de Elías Cura | La Palta
En los últimos días, Amnistía Internacional presentó un informe preliminar en el que confirma que, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional, la policía jujeña vulneró los derechos básicos de los manifestantes. Disparos a la cabeza, detenciones arbitrarias y procesos judiciales injustificados, entre otras acciones. A través de una misión realizada en septiembre, el organismo de derechos humanos relevó datos de detenciones arbitrarias de personas por el solo hecho de participar en las marchas. Además, constató el uso generalizado, por parte del Ministerio de Seguridad, del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes.
“Acá seguimos manifestándonos. Seguimos pidiendo, estamos esperando que los diputados nos acompañen en esta lucha y declaren inconstitucional la reforma. Nosotros sabemos que ellos pueden acompañarnos. Sabemos que hay muchas empresas transnacionales que están detrás del litio y nuestra lucha va a continuar si no nos dan alguna respuesta”, dice Gildo Mamaní, integrante de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara.
Y después de 531 años de resistencia, de lucha, de reivindicación de los derechos vulnerados, de discriminación y atropellos, si hay algo que los pueblos originarios saben hacer es seguir resistiendo. “Tenemos que salir todos porque esta no es la lucha de los jujeños, es la lucha de los argentinos”, remarca José.
