Comunidad Indio Colalao: 12 años de resistencia y lucha por sus derechos ancestrales

Desde hace 12 años la Comunidad Indio Colalao resiste y enfrenta la persecución, el hostigamiento, los desalojos y la violencia. Hace 12 años son tratados como usurpadores en sus propias tierras ancestrales. Son 12 años de lucha contra los intereses de los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse. Hoy, a raíz de una causa iniciada por estos dos empresarios, nueve comuneros de Base Riarte enfrentan un juicio.

La Comunidad Indio Colalao forma parte de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán y se encuentra al norte de la provincia, límite con Salta. Está compuesta por cuatro bases: Alta Montaña, Piedra Sagrada, Monte Bello y Base Riarte. Esta última es un lugar de difícil acceso ubicado en el departamento de Trancas. Allí, generaciones de comuneros vivieron y trabajaron la tierra. Actualmente, más de 25 familias habitan el territorio.

Los problemas en Base Riarte datan de 1996, cuando el Gobierno provincial decidió cerrar la escuela N.º 31, privando del derecho a la educación a niñas y niños de la comunidad. Debido a esto, debían recorrer más de 14 kilómetros para asistir a clases en Salta.

En 2003, Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, a través de un crédito del Banco Nación Argentina, “compraron” 9.700 parcelas de tierra que pertenecen a la comunidad por derecho ancestral. Ambos son dueños de las empresas agropecuarias Agro Avance y Zanja Honda y explotan el territorio con la siembra de soja. “Estos señores han “comprado” el territorio con nosotros adentro. En todo caso tendrían que habernos sacado y recién vender la tierra, y nunca lo hicieron”, cuenta Pedro Chávez, cacique de la Comunidad Indio Colalao.

foto: Alejadro Sarmiento | La palta - cacique pedro chávez

En 2010, Moreno Núñez Vela cerró con un candado el único camino transitable de los habitantes. A causa de esto, en 2012 se impidió el acceso a una ambulancia para asistir a una mujer de la comunidad que se encontraba enferma. Por este motivo, miembros de la comunidad se acercaron al portón, armaron una camilla con palos e ingresaron al territorio para brindar ayuda. “Tuvimos que recorrer un camino sinuoso. Bajamos una montaña, pasamos un río, subimos otra montaña hasta que llegamos a la ambulancia. Nos tomó casi más de una o dos horas”, recuerda Pedro y afirma que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Es así que la comunidad decidió manifestarse para visibilizar la situación que atravesaban.

En julio de ese mismo año, 300 policías se hicieron presentes en el territorio para desalojar y reprimir a las familias de la comunidad por órdenes del, en ese entonces, juez Francisco Pisa (actualmente destituido) y por pedido del fiscal Guillermo Herrera. Desde ese momento, el hostigamiento y la persecución hacia la comunidad fue en aumento. “Nos han matado más animales, han golpeado a algunos comuneros, han abusado de una comunera. Ha sido algo muy trágico para nosotros”, lamenta Pedro. A lo largo de estos 12 años, la comunidad intentó realizar denuncias ante estos hechos, pero en las comisarías siempre les ponían excusas para no atenderlos. “Nos decían ‘venite más tarde’, ‘no está el oficial, ya va a venir’. Volvías, te cansabas y te tenías que ir. Esa es la estrategia de la policía, todo el tiempo”, afirma el cacique.

Un juicio cargado de irregularidades

foto: alejandro sarmiento | la palta - cacique pedro chávez

Por estos hechos, los empresarios iniciaron una causa contra los miembros de la comunidad. El 10 de febrero de este año comenzó el juicio en Tribunales Penales de la provincia, donde nueve comuneros están acusados de tentativa de homicidio, robo agravado y usurpación. “Lo que más nos impacta como comunidad indígena es decir que usurpamos. ¿Qué usurpamos? Si somos milenarios, y eso significa que hemos estado siempre”, dice Chávez. “Nos dicen que somos ladrones, y la comunidad nunca ha robado nada. Ellos nos están robando a nosotros. Nos dicen homicidas y el tipo (Freddy Moreno) anda con una escopeta dentro del territorio”, agrega.

Según la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Estela Giffoniello, el 17 de junio de 2012, un grupo de comuneros ingresó “ilegalmente” al territorio y golpeó a Freddy Moreno y a su hijo Sebastián para, posteriormente, robar las pertenencias de “La Sala”, casa que habitaba Moreno.

A lo largo del debate, diferentes testigos presentados por la fiscalía evidenciaron contradicciones en sus declaraciones. Una de ellas fue la del portero del lugar. Según la fiscalía, el hombre fue testigo de lo que ocurrió ese 17 de junio. Sin embargo, al momento de declarar, este afirmó que no estuvo en el lugar aquel día. Por este motivo, la fiscalía decidió denunciarlo por falso testimonio y solicitó su detención.

Otro de los testigos sostuvo que nunca se presentó en la fiscalía a declarar y que la firma que aparecía en la declaración indagatoria no era la de él. Tampoco reconoció al abogado Javier Lobo Aragón (querellante en la causa), quien afirmó haber acompañado al hombre a declarar. “Otra irregularidad es que de ese testigo lo que adjunta en el legajo la fiscalía es la fotocopia del DNI. O sea no está constatado que él haya venido a declarar con el DNI sino con la fotocopia. Y es una fotocopia cualquiera, ni siquiera una fiel”, sostiene Nuna Quinteros, perteneciente a la Comunidad Amaicha del Valle.

Racismo y criminalización

foto: alejandro sarmiento | la palta - marina mamaní

Durante las audiencias también se evidenció el destrato hacia las comunidades. “La fiscal nos pregunta por cómo venimos vestidos. No sé cómo quiere que vengamos. Nosotros nos vestimos común y corriente. No venimos desnudos ni con plumas, pero a ella le molesta”, comenta Marina Mamaní, perteneciente a la Comunidad Indio Colalao. También fueron cuestionados por sus creencias. “Cuando estamos agachados, nos retan. Cuando miramos para adelante nos dicen ‘no me miren, porque me están mirando con agravio’. Nos sentimos realmente desprotegidos, avasallados, amedrentados por las leyes y por las autoridades”, agrega.

“La causa tiene estas tres figuras que pueden dar pie a un precedente muy amplio. Hoy la construcción del enemigo está más clarificada y envalentonada. Hay una línea muy fuerte, que se ve en la teoría de la fiscalía, de ponerte en un lugar de grupo armado que se quiere apropiar de las tierras. Es la misma criminalización que está avanzando con un montón de otros territorios del país”, dice Nuna.

La Comunidad Indio Colalao cuenta con persona jurídica desde 2011 y con un relevamiento territorial realizado a partir de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena. A pesar de ello, por 12 años tuvieron que enfrentar y resistir ante el hostigamiento, la complicidad política y la violación de sus derechos. “Hoy son más de 25 familias las que estamos ahí (en Base Riarte) y no les vamos a soltar la mano. Vamos a tratar de seguir peleando como lo venimos haciendo”, sostiene el cacique Pedro Chávez.

Este miércoles 26, en Tribunales Penales, las partes desarrollarán sus alegatos finales a partir de las 9.