El Estado continúa poniendo toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que él mismo sanciona. Discurso y acción van por separado y la situación de los pueblos indígenas se repite a lo largo de todo el país. A pesar del estado de emergencia que establece la ley 26.160, las comunidades siguen sufriendo atropellos por parte de terratenientes y empresas. La comunidad El Mollar, pueblo de los Tafíes, suma casi 40 causas judiciales en la lucha por la posesión del territorio.